La norma jurídica que regula el proceso inversionista es el Decreto 327/14. Este Decreto es de aplicación a todas las inversiones que se realicen en el territorio nacional por las entidades estatales. También se aplica a las sociedades mercantiles de capital cien por ciento (100%) cubano, las empresas mixtas, los contratos de asociación económica internacional y las empresas de capital totalmente extranjero.
Para el resto de las personas jurídicas no estatales y las naturales, sólo se aplica lo relativo a los permisos establecidos y el cumplimiento de las normativas de los organismos estatales con funciones rectoras.
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